$ 1.111.601.623.359:
LA INAUDITA E IMPRONUNCIABLE
CIFRA DE LAS PERDIDAS DE CHILE
POR LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA CONCERTACION

En el pasado mes de enero de 2010, el Instituto Libertad, think tank ligado a Renovaciòn Nacional, presentó un interesante y completísimo estudio acerca de la magnitud total de los casos de corrupción registrados en los 20 años de gobiernos concertacionistas que concluían este año, así como la cifra definitiva de pérdidas fiscales que dichos casos representaron para Chile.
El artículo completo, llamado Itinerario de la Corrupción 2009, de 136 páginas, se puede leer íntegramente aqui.
Esta increíble cantidad de dinero, difícil de por si de expresar en términos verbales, equivale a nada menos que US$ 2.000 millones, cantidad suficiente como para equiparar los dineros recolectados por 67 Teletones tomando como base la de 2008, como para construír 890 consultorios o haber aportado 6.863.000 becas escolares.
Este estudio, que complementa y engloba otros similares realizados cada año de los gobiernos de la Concertación, nos permite sacar varias conclusiones con respecto al itinerario de la corrupción durante estos gobiernos:

1. los casos de corrupción y los montos de dineros involucrados en éstos fueron en constante aumento desde los primeros gobiernos de Aylwin y Frei hasta alcanzar niveles históricos en los dos ultimos gobiernos socialistas: Lagos y, en especial, el de Bachelet. Asi, si nos remitimos en primer lugar al número de casos de corrupción, encontramos que en la década de los 90 éstos alcanzan un promedio de 3,7 por año, en tanto que en 2007 se descubrieron 31 casos de irregularidades en el Gobierno Central y las empresas del Estado, cifra que aumentó a 52 casos en 2008. Y en el último año de gobierno de Bachelet los casos de corrupción detectados llegaron a la histórica cifra de 74 (61 de ellos ligados al Gobierno Central) , incluyendo cinco casos registrados al interior de gobiernos regionales.

2. La distribución de casos y montos involucrados en cada uno de los gobiernos de la Concertación, de acuerdo a los estudios previos del Instituto Libertad, son los siguientes:

Gobierno de Patricio Aylwin 12 casos $ 98.365.429.264
Gobierno de Eduardo Frei 22 casos $ 203.167.455.367
Gobierno de Ricardo Lagos 41 casos $ 153.654.358.364
Gobierno de Michelle Bachelet 167 casos $ 656.414.380.064

3. Aparte de un aumento cuantitativo en el número de casos de corrupción registrado con los años, también se ha visto un cambio cualitativo en cuanto al sector estatal a partir del cual se han registrado éstos: en los primeros años eran las empresas públicas quienes más sobresalían por irregularidades o acciones dolosas, pero ahora último son los organismos vinculados al Gobierno Central los que protagonizan la mayoría de estas malas prácticas. Como muestran claramente los gráficos expuestos en el documento del Instituto Libertad, en los últimos años prácticamente toda la corrupción localizada ha afectado al Gobierno Central, sin embrago, se aprecia también que en años electorales, se registra un aumento de la presencia de casos en empresas públicas, lo que podria apoyar la tesis de que algunos de los recursos fiscales podrían estar yendo a parar a campañas electorales a través de esta anómala vía.

En el documento se detallan con prolijidad, en más de 100 páginas, cada uno de los casos de corrupción detectados en 2009, citando circunstancias, estamentos específicos, dineros y personeros involucrados, trámites judiciales y de Contraloría que ameritaron. Un material imprescindible, pero, como ya se está transformando en un modus operandi habitual en nuestro pais, para nada publicitado por la prensa pese a su importancia y espectacularidad respecto a las cifras involucradas.

Como bien expresa el documento en sus conclusiones: "Estos 20 años pasarán a la historia como uno de los períodos en los que se han cometido más irregularidades en Chile. Será recordado como el período de las casas Copeva, de los Sobresueldos, del MOP Gate, del fallido Tren al Sur, de los escándalos de Chiledeportes, del fin del antiguo INJ (Instituto Nacional de la Juventud) , de la compra de aviones Mirage y del pago de millonarias indemnizaciones, de dudosa justificación, entre muchos otros casos".

Y la Concertación, después de todo esto, en suntuosos e inutiles cónclaves, se pregunta extrañada : ¿Y por qué habremos perdido el voto de la gente y el anhelado poder?

¿ADONDE VAN A PARAR NUESTROS IMPUESTOS?

GOBIERNO DE BACHELET CUADRUPLICO APORTES A ONG
Y FUNDACIONES AMIGAS EN SUS ULTIMOS DIAS

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2010, Hacienda registró giros a privados por $3.106 millones. Para el mismo período, los traspasos promedio de los tres años previos fueron de $665 millones.

Los últimos días de la administración Bachelet estuvieron marcados por millonarios traspasos de dineros desde el Estado a organizaciones de la sociedad civil.

Este tipo de transferencias es una práctica tan vieja como el propio Estado. Sin embargo, recién en agosto de 2003 el Gobierno de Ricardo Lagos promulgó una ley -la 19.862- que obligó a las instituciones de la administración central a llevar un registro de las entidades a las que proveen dineros sin contraprestación .

Estos registros públicos son los que permitieron a la administración entrante constatar cómo estos giros se incrementaron de manera explosiva durante los últimos meses del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, la Subsecretaría de Hacienda registró traspasos a privados del orden de $3.106 millones, cifra que contrasta con los $489 millones que se transfirieron en el mismo período de 2009.

Las nuevas autoridades están revisando acuciosamente las cifras pero, desde ya, advierten que el volumen de donaciones cuadruplican los traspasos habituales.

Consultada sobre este explosivo aumento, la ex subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, aclaró que la tarea de esa repartición se limita a administrar un sitio con la información de las transferencias que efectúan otras instituciones del Estado, pero no las autoriza, no decide los volúmenes ni a los destinatarios.

La Subsecretaría de Hacienda opera como el vehículo a través del cual la Presidencia canaliza estos aportes.

La ex asesora de la Presidencia en materias de subvenciones y sociedad civil, Paula Narváez, confirma que estos recursos corresponden a un apartado que descansa en el Ministerio de Hacienda -y que a su juicio rara vez supera los $2.400 millones anuales-, pero que efectivamente son platas que han estado ligadas históricamente a la voluntad y a la figura del Presidente.

Hay otro antecedente que resulta clave para entender por qué los volúmenes transferidos pueden diferir tanto entre un período y otro: la Ley de Presupuestos permite al gobierno excederse en los montos, incluso, sin necesidad de Decretos, sancionándose posteriormente los excesos.

Es así como el 2 de febrero de 2010, el Gobierno publicó una transferencia de $1.000 millones para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil, cifra que es equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2.320 millones.

Otras fuentes

Así como la Presidencia tiene atribuciones para destinar dineros a la sociedad civil a través de la Subsecretaría de Hacienda, los ministerios pueden hacerlo directamente. La Subsecretaría de Interior, por ejemplo, administra dineros que le permiten financiar actividades y proyectos presentados por juntas de vecinos, organizaciones evangélicas, feministas, indígenas y de adultos mayores, entre otras. La Subsecretaría del Trabajo, en tanto, dispone del Fondo de Diálogo Social, mecanismo que le permite apoyar actividades sindicales y fomentar la negociación colectiva.

Con cargo a estos fondos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recibió $221 millones en cuatro años destinados a fomentar la sindicalización. Mientras, la Fundación Justicia y Democracia que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin captó $188 millones. En este último caso, gran parte de esos recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.

Fondos acotados

La Subsecretaría de Interior administra el Fondo Social que, por estos días, es acuciosamente revisado por la administración entrante.

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, Interior transfirió más de $1.500 millones con cargo a este fondo -de un total anual de $4.600 millones-, mientras que en el mismo lapso de 2009, giró sólo $109 millones.

Según el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, este aumento se debe a una definición previa, que apuntaba a concentrar los traspasos en los primeros meses del año para que las organizaciones beneficiarias alcanzaran a ejecutar sus proyectos dentro del correspondiente año. A la vez, desvirtuó la tesis de que este acelerado traspaso de fondos responda a un intento del gobierno saliente por garantizar el funcionamiento de las entidades afines.

Como contraparte, el actual subsecretario, Rodrigo Ubilla, cuestiona que en poco más de dos meses se haya ejecutado el 25% de todo el Fondo Social de 2010. Pero más importante que eso -dice- es que la mayoría de los proyectos están sin rendición de gastos: "No es normal el volumen de transferencias. Estamos revisando los parámetros con que se aprobaron los proyectos y la concentración en algunas comunidades".

$17 mil millones sin rendición de gastos ha identificado la administración entrante. Corresponden a proyectos financiados a través del Fondo Social del Ministerio del Interior.

El caso del Ceduc y las platas de la Democracia Cristiana

Los gobiernos de turno tienen espacio para excederse en materia de giros hacia el sector privado. Sin embargo, hay episodios recientes que sirven para cuestionar, al menos, la efectividad de los mecanismos de control. Uno de los casos más recordados ocurrió entre 2001 y 2002, cuando a través de la Fundación Ceduc se habrían desviado recursos a la campaña parlamentaria de María Rozas (DC).

En 2003 emanó un primer informe de la Contraloría sobre el uso y destino de los fondos transferidos por las subsecretarías del Interior, dirigida entonces por Jorge Correa Sutil, y del Trabajo, a cargo de Yerko Ljubetic, ambos de la DC. Durante ese período se transfirieron $298 millones para desarrollar proyectos destinados a absorber la cesantía con cargo al Fondo Social que administraba Interior. En su informe, la Contraloría hizo ver que los recursos no se destinaron a su fin original, sino a pagar trabajos de imprenta realizados por empresas de varios militantes del partido.

ONGs postulan sin contraprestación

Es efectivo que los Gobiernos están facultados para donar dineros a organizaciones afines sin que haya una contraprestación de por medio, como podría ser una consultoría o un trabajo académico que tenga alguna utilidad pública. El único requisito para hacerse acreedor de estos fondos es estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.

Sin embargo, una de las obligaciones que sí deben cumplir los beneficiarios es rendir los gastos. De hecho, en la página web donde se publican los proyectos financiados existe un apartado para detallar la rendición de las platas. Sin embargo, fuentes de Interior que están dedicadas a revisar la gestión de estos recursos aseguraron a "El Mercurio" que, en estos 22 días de trabajo, ya han identificado proyectos equivalentes a $17 mil millones sin rendición de gastos. La mayoría de ellos corresponde a iniciativas que ya se efectuaron con cargo al Fondo Social de la Subsecretaría y un porcentaje menor a trabajos que, supuestamente, todavía están en ejecución.

Fuente: Pablo Obregón C., Emol.com 4 abril 2010

En un interesante articulo de la elogiable e incisiva periodista Pamela Aravena, de El Mercurio, publicado el 21 de marzo, podemos obtener con mayor detalle los nombres de las instituciones millonariamente beneficiadas con los dineros de todos los chilenos:

" Un panorama similar se descubrió con el ítem "Subvenciones" del Tesoro Público. Según la Ley de Presupuestos 2010, están aprobados $2.593 millones para subvencionar a personas jurídicas del sector privado sin fines de lucro.

Después de los primeros exámenes, en La Moneda constataron que desde el 15 de enero y hasta el 4 de marzo el gobierno anterior emitió decretos, mediante los cuales no sólo distribuyó la partida completa, sino que además se sobrepasó en $553 millones.

Entre los beneficiados figuran:

-$1.300 millones como aporte complementario aprobado a fines de enero a "Un techo para Chile"

-$1.000 millones de aporte para la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil.

-$146 millones para una proyecto jurídico-psicológico del Fasic.

-$120 millones a la Fundación Pablo Neruda.

-$100 millones para programas de capacitación de Infocap.

El último de los oficios fue enviado el 10 de marzo, con un aporte a los gastos corrientes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por $39 millones, cuyo decreto está aún en tramitación."

CONTRALORIA DETECTA NUEVAS IRREGULARIDADES

EN OTRA AUDITORA A CHILEDEPORTES




En octubre de 2006, un informe de la Contraloría sobre la entrega de fondos por parte de Chiledeportes destapó una serie de irregularidades, que incluso terminaron en un bullado caso judicial.
Tres años después, la entidad de control volvió a fijar su mirada en el organismo. Una nueva auditoría al Instituto Nacional de Deportes (IND) arrojó resultados que vuelven a mostrar deficiencias en el control y fiscalización de la asignación de recursos.
La Contraloría investigó 33 proyectos presentados el año 2008, orientándose especialmente a casos "que fueron objeto de denuncias tanto de personeros públicos como particulares", según dice el informe, con fecha del 27 de enero y que fue enviado con copia a la subsecretaria de Deportes, Marcela González.
Además, la entidad revisó el control contable de los recursos. Y en ese ejercicio detectó $38.156 millones transferidos por el IND que hasta el cierre de la auditoría se encontraban sin rendir, desglosados en $25 mil millones hasta 2005 y $13 mil millones pendientes desde 2006.
La repartición contestó que está haciendo procedimientos de cobro, en especial sobre las deudas desde 2006 en adelante, lo que incluye enviar a la justicia los casos que permanezcan sin pago.
Federaciones
El informe detectó que las federaciones mantenían saldos pendientes de rendición por $260 millones hasta octubre de 2009. Entre ellas, destacan la Federación Chilena de Hockey Césped ($118 millones), la de Ciclismo ($55 millones) y la de Gimnasia ($34 millones), además de las de Golf, Tenis, Racquetball, Paracaidismo, Billar, Kickboxing y Andinismo.
En el caso de Gimnasia, la Contraloría objetó deudas pendientes por $25 millones del período entre 2005 y 2007, cuyo cobro está siendo exigido judicialmente por el IND. Lo mismo ocurre con las rendiciones de cuentas pendientes, ya que el instituto presentó en agosto de 2009 una denuncia ante la Fiscalía Regional Centro Norte por "irregularidades en rendición de gastos".
Pero el caso más llamativo es el de la Federación de Lucha. En 2006, la Contraloría detectó anomalías por $16 millones por cursos "fantasma" organizados por Walter Carter en el hotel Victoria Simpson, lo que fue investigado por la Fiscalía Oriente en el marco del caso Chiledeportes y terminó con la devolución de más de $9 millones.
Tres años después, nuevamente la Contraloría objetó a la federación. ¿El motivo? Dar RUT inválidos o inexistentes de siete personas para rendir gastos por la asistencia al torneo "Greco Romano". Paradójicamente, todos se "alojaron" en el mismo hotel Simpson cuestionado en la auditoría previa de la entidad.
Pero eso no es todo. Hoy, la institución deportiva está encabezada por Jeannette Carter, hermana de Walter. Y la Contraloría exigió al IND que demande la devolución de $23 millones pagados en honorarios a familiares de directivos entre 2007 y 2008, de los que $ 7 millones fueron cancelados a Walter Carter.



Fuente: Emol.com

ES LA CONCERTACION QUIEN REALMENTE
NO HA SABIDO SEPARAR LA POLITICA DE LOS NEGOCIOS
DESDE HACE 20 AÑOS,
Y POR ESO HAN CAIDO EN MULTIPLES CASOS DE CORRUPCION CON RECURSOS FISCALES

"Cuando la Presidenta habla de que hay que mantener aparte la política y los negocios, es justamente lo que no han podido hacer en la Concertación. Creo que esa es la razón principal por la cual va a perder Frei. La gente está harta de un escándalo tras otro durante los gobierno de la Concertación", dijo la senadora de la UDI Evelyn Matthei, en referencia a la denuncia realizada por la Contraloría ante la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra). Ello, luego que descubriera una posible infracción a la libre competencia e "indicios de colusión" por la concentración de proyectos adjudicados a sólo nueve firmas.

"Es tan importante que la gente que entre a la política sea para servir, para que vayamos construyendo un Chile mejor, más oportunidades para la gente, etc., pero cuando uno ve que una y otra vez hay intentos de favorecer amigos, a socios, que ni siquiera sabe si era necesario gastar tanta plata en esos estudios. ¿Eran todos esos estudios necesarios? ¿No se habrán mandado a hacer para darle palta y pegaa los amigos? habrá una parte de esa plata en campaña?", dijo Matthei en radio Agricultura.

Fuente: latercera.com 29/12/09

CONTRALORIA ORDENA SUMARIO POR
DIVERSAS ANOMALIAS EN
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

Se denunció a la fiscalía la clonación de cheques, otros que fueron cobrados dos veces, y adulteración en boletas y facturas. Ex subdirector Arturo Barrios cobró viáticos y gastos de representación, junto con utilizar vehículos en forma irregular.

La Contraloría inició un sumario en el Consejo Nacional de la Cultura, que dirige la ministra Paulina Urrutia, por diversas irregularidades económicas y administrativas; entre ellas, hechos que revisten caracteres de delito, como clonación de cheques, documentos cobrados dos veces y adulteración de boletas y facturas, entre otras.

En el examen de cuentas se estableció que hubo cobros indebidos de viáticos y gastos de representación, y uso prohibido de vehículos fiscales, en los que aparece involucrado Arturo Barrios, ex subdirector del Consejo y actual candidato a diputado por el Distrito 10 (Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y Zapallar), en el cupo que deja Marco Enríquez-Ominami.

Entre los nueve hechos que comprometen a Barrios, el informe señala que se cobraban gastos de representación para pagar comidas con diversos personeros, cuyas fechas y nóminas de asistentes fueron posteriormente modificadas.

Por ejemplo, la factura 1187 de mayo de 2008, por 212 mil pesos, supuestamente habría sido para pagar una cena del directorio nacional del Consejo. Sin embargo, en el comprobante contable se señala que la cena fue ofrecida por Barrios a la diputada Isabel Allende, el concejal de La Granja Juan Valdés, el fiscal de Ferrocarriles, Luis Sánchez, y dos de sus asesores.

Se estableció también que Barrios pidió un anticipo de viático de $104.374 para viajar por motivos de trabajo a Curicó entre el 14 y el 16 de agosto de 2008, trasladándose en un vehículo fiscal. El chofer Luis González presentó después una rendición por pago de peajes en los mismos días, pero en viajes entre Valparaíso y Santiago.

La Contraloría también investiga los viajes que Barrios realizó diariamente en vehículo fiscal entre Valparaíso y Algarrobo, donde estaba vacacionando su familia, y las continuas ausencias a su trabajo para impartir clases en una universidad de Talca, sin haber devuelto horas no trabajadas.

El organismo ordenó también la restitución de unos $10 millones utilizados irregularmente, entre otras cosas, en una fiesta de aniversario realizada en una dependencia del Valparaíso Sporting Club, de Viña del Mar, y que fue organizada por una productora.

El Consejo Nacional de la Cultura, a través de una declaración firmada por su subdirector, Eduardo Muñoz, valoró la investigación de la Contraloría, pero aclaró que "todas las situaciones a que se refieren dichos procesos habían sido detectadas por nuestro servicio y son objeto de investigaciones y sumarios ordenados por las propias autoridades del Consejo, con antelación a las instrucciones de la Contraloría".

En cuanto a las denuncias por presuntos delitos, el comunicado sostiene que fueron interpuestas en la Fiscalía Regional de Valparaíso "y se trata de hechos de terceros ajenos a la institución". Sostiene que las irregularidades que se investigan no se refieren al mal uso de recursos públicos, sino a procesos administrativos deficientes o incompletos.

212 mil pesos

gastó Barrios para pagar una supuesta cena del directorio nacional del Consejo. Sin embargo, en el comprobante contable se señala que se trató de una comida con políticos.

104.374 pesos

pidió el ex subsecretario para viajar a Curicó, trasladándose en un vehículo fiscal. El chofer presentó después una rendición por pago de peajes en los mismos días, pero en viajes entre Valparaíso y Santiago.

Fuente:Emol.com

Realizan Grave Denuncia de Intervencionismo Electoral Contra la DC

Los diputados del PRI, Jaime Mulet, y el independiente Esteban Valenzuela, denunciaron una grave intervención electoral por parte de autoridades de gobierno de la VI Región, no descartando emprender al respecto acciones judiciales y recurrir a la Contraloría. Los parlamentarios señalan que la Democracia Cristiana se habrían reunido con funcionarios públicos, para pedirles información confidencial de sus sectores.

Ambos explicaron que el 14 de julio pasado, la secretaria regional de la Democracia Cristiana, Sara Romero Álvarez, envío un mail a seremis, directores de servicios, jefes de departamentos y funcionarios de gobierno para que asistieran a una reunión que se desarrolló el jueves 23 de julio pasado.

La convocatoria también fue para el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, y los candidatos al Parlamento de ese partido, Ricardo Rincón y Moisés Valenzuela.

Parte del correo electrónico indica que “a esta reunión solicitamos llevar digitalizados en 4 copias lo que a continuación se detalla:

1. Detalle de Programas implementados en su servicio por Distrito, incluyendo presupuesto, objetivos, alcances de los mismos entre otros.

2.- Base de Datos de beneficiarios e impacto en la región por distrito”.

“3.- Base de Datos de organizaciones beneficiarias por distrito. 4.- Fechas tentativas de futuros encuentros, seminarios, capacitaciones, entrega de beneficios entre otros. 5.- Nombre de funcionarios de confianza de su servicio que puedan servir de puente de información y/o gestión interna”.

“5.- Nomina de funcionarios público DC (fonos y correos privados), de su servicio lo que nos permita armar prontamente los núcleos en cada repartición pública”.

“Demás esta decir que la información recopilada será usada con un criterio solo de carácter político y con las mas absoluta reserva, protegiendo sus cargos”, dice parte del texto firmado por la secretaria de la colectividad de gobierno.

Los parlamentarios manifestaron que “esta situación es impresentable y que el gobierno debe pronunciarse, pues esto constituye delito. Nosotros recurriremos a todas las instancias del caso para que estas personas asuman su responsabilidad”.

“Yo creo que esto no lo aprueba ni la base de la DC, pues se está llegando a un nivel de intervención por parte de algunos que es muy gravísima. Es por eso que yo confío en la Presidenta de la República y le pido que haga respetar lo que ella misma ha comprometido, es decir, que no se utilicen recursos del Estado y que ahora debiera suspender al intendente de la Sexta Región, Héctor Huenchullan, pues él encabezó la reunión”, dijo Mulet.

Agregó que “aquí habría un ilícito además de la falta a la probidad y se está atentando gravemente al articulo 8 de la Constitución, pues las autoridades no pueden participar de actividades electorales ni menos usar bases de datos confidenciales del gobierno para ello. Esto rompe el juego limpio en democracia. Recurriremos a la Contraloría y no descartamos ir al Ministerio Público.”

Ante estas graves acusaciones, la máxima autoridad de la región, Héctor Huenchullán, calificó el mail como "desafortunado", ya que se pide en éste información innecesaria. El intendente negó que se tratara de intervencionismo electoral y señaló que su renuncia es una decisión de la Presidenta. "Honestamente no es intervención electoral. Mi renuncia es una decisión que debe adoptar la Presidenta Bachelet o el ministro del Interior que es mi jefe superior”, enfatizó.
La UDI y RN, a través del diputado Chadwick y del senador Allamand, respectivamente, solicitó a Bachelet un pronunciamiento acerca de este grave caso de intervencionismo electoral, pero la "presidenta de todos los chilenos" no se ha dignado responderle ni comentar algo que, a estas alturas, parece ser práctica aceptada dentro del contexto de la Ideologia de la Corrupción. Como bien expresó Allamand, "Si la Presidenta de la República ante esto guarda silencio o no lo rechaza, o no le pone atajo, está dando luz verde, está autorizando, estaría avalando una intervención electoral, un juego tramposo en la vida democrática del país, en términos que no hemos conocido en el pasado".


Fuentes: El rancahuaso.cl y Emol.com

IDEOLOGIA DE LA CORRUPCION :

ANALISIS DE LIBERTAD Y DESARROLLO

Las sucesivas declaraciones de prensa de renombrados personeros de la Concertación han instalado un debate nacional sobre la eventual existencia de una ideología de la corrupción al interior de la coalición de Gobierno. Esta consistiría en que la Concertación se siente legitimada para utilizar recursos estatales en las campañas políticas, toda vez que la Alianza contaría con recursos del sector privado para financiarse.
La Concertación ha rechazado la existencia de una ideología de tal naturaleza y varios han señalado que jamás habían oído hablar siquiera del tema.
Desde el punto de vista público resulta irrelevante si al interior de la coalición de Gobierno se habla o no de una "ideología" y que incluye exactamente ésta. Lo relevante es si en la práctica el conglomerado oficialista opera con lógicas que justifican ciertos márgenes de corrupción y el efecto que esa actitud tolerante y permisiva juega en el combate general a la corrupción en el país.

Frases para el bronce

Durante varias semanas consecutivas, renombrados pèrsoneros han señalado la tesis de que el uso de recursos estatales en favor de la Concertación se justifica por la desventaja que tendria dicho conglomerado en el acceso a financiamiento privado.

Eugenio Tironi: "lo de Chiledeportes revela una cierta lógica (...) que asume que es legítimo utilizar los recursos (del Estado) en las luchas de poder". Además agregó que el rol de los operadores "se justifica por el acceso que tienen sus contrincantes de la Alianza a dineros privados".

Edgardo Boeninger: "Desde el comienzo en la Concertación se pensó que, así como el dinero privado favorecía fundamentalmente a los partidos de derecha, no sería iegitimo recibir financiamiento público a través de los recursos estatales paa los programas sociales"

Jorge Schaulsohn: "Yo creo que se inventó una ideología para dar sustento y legitimidad a la utilización de los recursos públicos para fines políticos" con la que "se justifica que la Concertación, que en teoría no tiene acceso a recursos privados, use los recursos públicos para nivelar el campo de juego".

Gonzalo Martner: "Comparto con Boeninger que de alguna manera se creó el estado de ánimo que, habida cuenta de que el poder del dinero estaba en la derecha (...) y que entonces se justificaba usar recursos públicos para financiar la actividad política de nuestras fuerzas".

En síntesis, aun cuando sólo Schaulsohn ha hablado de "ideología de la corrupciòn", todos han señalado lo mismo: el uso de recursos públicos estará justificado por el mayor acceso a recursos privados que tienen los partidos de la Alianza.
A la luz de los contribuyentes y de todos los chilenos en general, poco importa si dicho planteamiento debe o no ser llamado "ideología": lo relevante es que al interior de la Concertación se considera legítima esta forma de utilización de los recursos públicos.
La búsqueda de justificaciones de cualquier especie es sumamente peligrosa. Hoy es la necesidad de financiamiento de los partidos; mañana pueden ser sueldos "más justos " para los funcionarios públicos o convicciones políticas de cualquier especie.
Por ello resulta fundamental la promoción de una política de "tolerancia cero" a la corrupción, sin justificaciones de ningún tipo. Los recursos públicos son de todos los chilenos y su adminisracion debe ajustarse estrictamente a la ley y no a los criterios objetivos de la autoridad.


El costo de una "Ideología"


Es preocupante la validación de esta ideología, más aun cuando parte justamente desde los peldaños más altos de la administración pública, por cuanto su ejemplo permea con fuerza a los niveles inferiores, construyendo una verdadera cultura de la corrupción en el sector público.
De poco sirve minimizar los efectos del problema, como aquellos que alertan sobre una eventual
"evolución futura" de la corrupciòn, o quienes hablan de "proporción pequeña, para pagar la luz". Justificarse detrás de estas frases calculadas sólo retarda las soluciones de fondo, incrementando significativamente los costos de esta ideología de la corrupción.

Tal como numerosos estudios indican, la corrupción es un factor más que puede afectar
significativamente la competitividad de un país. Por ello resulta fundamental dar pasos significativos que permitan mejorar este indicador, tal como nos preocupamos por otros.

Sin embargo, el conformismo ha impedido a Chile mejorar sus niveles de probidad comparados con los de otros paises. Peor aun, de acuerdo al último informe de Transparency International, entre 2002 y 2006 Chile retrocedió 3 lugares en el ranking mundial de percepción de corrupción. Ello, sin duda, es el resultado de politicas autocomplacientes y probablemente justificadas por esta suerte de ideología.

Pero junto con afectar la competitividad del país, legitimar una ideología de la corrupción afecta a miles de chilenos que dejan de percibir una serie de benefcios sociales pensados para ellos. Chiledeportes y los Programas Generales de Empleo probablemente sean sólo un ejemplo de una realidad mucho más amplia.

Cabe insistir entonces en la necesidad de no minimizar ni menos continuar justificando prácticas sistemáticas que dañan al pais en su conjunto y a los más pobres en particular.

Tomado de
Ideología de la Corrupción, Libertad y Desarrollo, 29 diciembre 2006