sábado, 29 de agosto de 2009

CONTRALORIA ORDENA SUMARIO POR
DIVERSAS ANOMALIAS EN
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA


Se denunció a la fiscalía la clonación de cheques, otros que fueron cobrados dos veces, y adulteración en boletas y facturas. Ex subdirector Arturo Barrios cobró viáticos y gastos de representación, junto con utilizar vehículos en forma irregular.

La Contraloría inició un sumario en el Consejo Nacional de la Cultura, que dirige la ministra Paulina Urrutia, por diversas irregularidades económicas y administrativas; entre ellas, hechos que revisten caracteres de delito, como clonación de cheques, documentos cobrados dos veces y adulteración de boletas y facturas, entre otras.

En el examen de cuentas se estableció que hubo cobros indebidos de viáticos y gastos de representación, y uso prohibido de vehículos fiscales, en los que aparece involucrado Arturo Barrios, ex subdirector del Consejo y actual candidato a diputado por el Distrito 10 (Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y Zapallar), en el cupo que deja Marco Enríquez-Ominami.

Entre los nueve hechos que comprometen a Barrios, el informe señala que se cobraban gastos de representación para pagar comidas con diversos personeros, cuyas fechas y nóminas de asistentes fueron posteriormente modificadas.

Por ejemplo, la factura 1187 de mayo de 2008, por 212 mil pesos, supuestamente habría sido para pagar una cena del directorio nacional del Consejo. Sin embargo, en el comprobante contable se señala que la cena fue ofrecida por Barrios a la diputada Isabel Allende, el concejal de La Granja Juan Valdés, el fiscal de Ferrocarriles, Luis Sánchez, y dos de sus asesores.

Se estableció también que Barrios pidió un anticipo de viático de $104.374 para viajar por motivos de trabajo a Curicó entre el 14 y el 16 de agosto de 2008, trasladándose en un vehículo fiscal. El chofer Luis González presentó después una rendición por pago de peajes en los mismos días, pero en viajes entre Valparaíso y Santiago.

La Contraloría también investiga los viajes que Barrios realizó diariamente en vehículo fiscal entre Valparaíso y Algarrobo, donde estaba vacacionando su familia, y las continuas ausencias a su trabajo para impartir clases en una universidad de Talca, sin haber devuelto horas no trabajadas.

El organismo ordenó también la restitución de unos $10 millones utilizados irregularmente, entre otras cosas, en una fiesta de aniversario realizada en una dependencia del Valparaíso Sporting Club, de Viña del Mar, y que fue organizada por una productora.

El Consejo Nacional de la Cultura, a través de una declaración firmada por su subdirector, Eduardo Muñoz, valoró la investigación de la Contraloría, pero aclaró que "todas las situaciones a que se refieren dichos procesos habían sido detectadas por nuestro servicio y son objeto de investigaciones y sumarios ordenados por las propias autoridades del Consejo, con antelación a las instrucciones de la Contraloría".

En cuanto a las denuncias por presuntos delitos, el comunicado sostiene que fueron interpuestas en la Fiscalía Regional de Valparaíso "y se trata de hechos de terceros ajenos a la institución". Sostiene que las irregularidades que se investigan no se refieren al mal uso de recursos públicos, sino a procesos administrativos deficientes o incompletos.

212 mil pesos

gastó Barrios para pagar una supuesta cena del directorio nacional del Consejo. Sin embargo, en el comprobante contable se señala que se trató de una comida con políticos.

104.374 pesos

pidió el ex subsecretario para viajar a Curicó, trasladándose en un vehículo fiscal. El chofer presentó después una rendición por pago de peajes en los mismos días, pero en viajes entre Valparaíso y Santiago.


Fuente:Emol.com

lunes, 3 de agosto de 2009

Realizan Grave Denuncia de Intervencionismo Electoral Contra la DC

Los diputados del PRI, Jaime Mulet, y el independiente Esteban Valenzuela, denunciaron una grave intervención electoral por parte de autoridades de gobierno de la VI Región, no descartando emprender al respecto acciones judiciales y recurrir a la Contraloría. Los parlamentarios señalan que la Democracia Cristiana se habrían reunido con funcionarios públicos, para pedirles información confidencial de sus sectores.

Ambos explicaron que el 14 de julio pasado, la secretaria regional de la Democracia Cristiana, Sara Romero Álvarez, envío un mail a seremis, directores de servicios, jefes de departamentos y funcionarios de gobierno para que asistieran a una reunión que se desarrolló el jueves 23 de julio pasado.

La convocatoria también fue para el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, y los candidatos al Parlamento de ese partido, Ricardo Rincón y Moisés Valenzuela.

Parte del correo electrónico indica que “a esta reunión solicitamos llevar digitalizados en 4 copias lo que a continuación se detalla:

1. Detalle de Programas implementados en su servicio por Distrito, incluyendo presupuesto, objetivos, alcances de los mismos entre otros.

2.- Base de Datos de beneficiarios e impacto en la región por distrito”.

“3.- Base de Datos de organizaciones beneficiarias por distrito. 4.- Fechas tentativas de futuros encuentros, seminarios, capacitaciones, entrega de beneficios entre otros. 5.- Nombre de funcionarios de confianza de su servicio que puedan servir de puente de información y/o gestión interna”.

“5.- Nomina de funcionarios público DC (fonos y correos privados), de su servicio lo que nos permita armar prontamente los núcleos en cada repartición pública”.

“Demás esta decir que la información recopilada será usada con un criterio solo de carácter político y con las mas absoluta reserva, protegiendo sus cargos”, dice parte del texto firmado por la secretaria de la colectividad de gobierno.

Los parlamentarios manifestaron que “esta situación es impresentable y que el gobierno debe pronunciarse, pues esto constituye delito. Nosotros recurriremos a todas las instancias del caso para que estas personas asuman su responsabilidad”.

“Yo creo que esto no lo aprueba ni la base de la DC, pues se está llegando a un nivel de intervención por parte de algunos que es muy gravísima. Es por eso que yo confío en la Presidenta de la República y le pido que haga respetar lo que ella misma ha comprometido, es decir, que no se utilicen recursos del Estado y que ahora debiera suspender al intendente de la Sexta Región, Héctor Huenchullan, pues él encabezó la reunión”, dijo Mulet.

Agregó que “aquí habría un ilícito además de la falta a la probidad y se está atentando gravemente al articulo 8 de la Constitución, pues las autoridades no pueden participar de actividades electorales ni menos usar bases de datos confidenciales del gobierno para ello. Esto rompe el juego limpio en democracia. Recurriremos a la Contraloría y no descartamos ir al Ministerio Público.”

Ante estas graves acusaciones, la máxima autoridad de la región, Héctor Huenchullán, calificó el mail como "desafortunado", ya que se pide en éste información innecesaria. El intendente negó que se tratara de intervencionismo electoral y señaló que su renuncia es una decisión de la Presidenta. "Honestamente no es intervención electoral. Mi renuncia es una decisión que debe adoptar la Presidenta Bachelet o el ministro del Interior que es mi jefe superior”, enfatizó.
La UDI y RN,
a través del diputado Chadwick y del senador Allamand, respectivamente, solicitó a Bachelet un pronunciamiento acerca de este grave caso de intervencionismo electoral, pero la "presidenta de todos los chilenos" no se ha dignado responderle ni comentar algo que, a estas alturas, parece ser práctica aceptada dentro del contexto de la Ideologia de la Corrupción. Como bien expresó Allamand, "Si la Presidenta de la República ante esto guarda silencio o no lo rechaza, o no le pone atajo, está dando luz verde, está autorizando, estaría avalando una intervención electoral, un juego tramposo en la vida democrática del país, en términos que no hemos conocido en el pasado".


Fuentes: El rancahuaso.cl y Emol.com