miércoles, 14 de abril de 2010

$ 1.111.601.623.359:
LA INAUDITA E IMPRONUNCIABLE
CIFRA DE LAS PERDIDAS DE CHILE
POR LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA CONCERTACION

En el pasado mes de enero de 2010, el Instituto Libertad, think tank ligado a Renovaciòn Nacional, presentó un interesante y completísimo estudio acerca de la magnitud total de los casos de corrupción registrados en los 20 años de gobiernos concertacionistas que concluían este año, así como la cifra definitiva de pérdidas fiscales que dichos casos representaron para Chile.
El artículo completo, llamado Itinerario de la Corrupción 2009, de 136 páginas, se puede leer íntegramente aqui.
Esta increíble cantidad de dinero, difícil de por si de expresar en términos verbales, equivale a nada menos que US$ 2.000 millones, cantidad suficiente como para equiparar los dineros recolectados por 67 Teletones tomando como base la de 2008, como para construír 890 consultorios o haber aportado 6.863.000 becas escolares.
Este estudio, que complementa y engloba otros similares realizados cada año de los gobiernos de la Concertación, nos permite sacar varias conclusiones con respecto al itinerario de la corrupción durante estos gobiernos:

1. los casos de corrupción y los montos de dineros involucrados en éstos fueron en constante aumento desde los primeros gobiernos de Aylwin y Frei hasta alcanzar niveles históricos en los dos ultimos gobiernos socialistas: Lagos y, en especial, el de Bachelet. Asi, si nos remitimos en primer lugar al número de casos de corrupción, encontramos que en la década de los 90 éstos alcanzan un promedio de 3,7 por año, en tanto que en 2007 se descubrieron 31 casos de irregularidades en el Gobierno Central y las empresas del Estado, cifra que aumentó a 52 casos en 2008. Y en el último año de gobierno de Bachelet los casos de corrupción detectados llegaron a la histórica cifra de 74 (61 de ellos ligados al Gobierno Central) , incluyendo cinco casos registrados al interior de gobiernos regionales.

2. La distribución de casos y montos involucrados en cada uno de los gobiernos de la Concertación, de acuerdo a los estudios previos del Instituto Libertad, son los siguientes:

Gobierno de Patricio Aylwin 12 casos $ 98.365.429.264
Gobierno de Eduardo Frei 22 casos $ 203.167.455.367
Gobierno de Ricardo Lagos 41 casos $ 153.654.358.364
Gobierno de Michelle Bachelet 167 casos $ 656.414.380.064

3. Aparte de un aumento cuantitativo en el número de casos de corrupción registrado con los años, también se ha visto un cambio cualitativo en cuanto al sector estatal a partir del cual se han registrado éstos: en los primeros años eran las empresas públicas quienes más sobresalían por irregularidades o acciones dolosas, pero ahora último son los organismos vinculados al Gobierno Central los que protagonizan la mayoría de estas malas prácticas. Como muestran claramente los gráficos expuestos en el documento del Instituto Libertad, en los últimos años prácticamente toda la corrupción localizada ha afectado al Gobierno Central, sin embrago, se aprecia también que en años electorales, se registra un aumento de la presencia de casos en empresas públicas, lo que podria apoyar la tesis de que algunos de los recursos fiscales podrían estar yendo a parar a campañas electorales a través de esta anómala vía.

En el documento se detallan con prolijidad, en más de 100 páginas, cada uno de los casos de corrupción detectados en 2009, citando circunstancias, estamentos específicos, dineros y personeros involucrados, trámites judiciales y de Contraloría que ameritaron. Un material imprescindible, pero, como ya se está transformando en un modus operandi habitual en nuestro pais, para nada publicitado por la prensa pese a su importancia y espectacularidad respecto a las cifras involucradas.

Como bien expresa el documento en sus conclusiones: "Estos 20 años pasarán a la historia como uno de los períodos en los que se han cometido más irregularidades en Chile. Será recordado como el período de las casas Copeva, de los Sobresueldos, del MOP Gate, del fallido Tren al Sur, de los escándalos de Chiledeportes, del fin del antiguo INJ (Instituto Nacional de la Juventud) , de la compra de aviones Mirage y del pago de millonarias indemnizaciones, de dudosa justificación, entre muchos otros casos".

Y la Concertación, después de todo esto, en suntuosos e inutiles cónclaves, se pregunta extrañada : ¿Y por qué habremos perdido el voto de la gente y el anhelado poder?

lunes, 5 de abril de 2010

¿ADONDE VAN A PARAR NUESTROS IMPUESTOS?

GOBIERNO DE BACHELET CUADRUPLICO APORTES A ONG
Y FUNDACIONES AMIGAS EN SUS ULTIMOS DIAS


Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2010, Hacienda registró giros a privados por $3.106 millones. Para el mismo período, los traspasos promedio de los tres años previos fueron de $665 millones.


Los últimos días de la administración Bachelet estuvieron marcados por millonarios traspasos de dineros desde el Estado a organizaciones de la sociedad civil.

Este tipo de transferencias es una práctica tan vieja como el propio Estado. Sin embargo, recién en agosto de 2003 el Gobierno de Ricardo Lagos promulgó una ley -la 19.862- que obligó a las instituciones de la administración central a llevar un registro de las entidades a las que proveen dineros sin contraprestación .

Estos registros públicos son los que permitieron a la administración entrante constatar cómo estos giros se incrementaron de manera explosiva durante los últimos meses del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, la Subsecretaría de Hacienda registró traspasos a privados del orden de $3.106 millones, cifra que contrasta con los $489 millones que se transfirieron en el mismo período de 2009.

Las nuevas autoridades están revisando acuciosamente las cifras pero, desde ya, advierten que el volumen de donaciones cuadruplican los traspasos habituales.

Consultada sobre este explosivo aumento, la ex subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, aclaró que la tarea de esa repartición se limita a administrar un sitio con la información de las transferencias que efectúan otras instituciones del Estado, pero no las autoriza, no decide los volúmenes ni a los destinatarios.

La Subsecretaría de Hacienda opera como el vehículo a través del cual la Presidencia canaliza estos aportes.

La ex asesora de la Presidencia en materias de subvenciones y sociedad civil, Paula Narváez, confirma que estos recursos corresponden a un apartado que descansa en el Ministerio de Hacienda -y que a su juicio rara vez supera los $2.400 millones anuales-, pero que efectivamente son platas que han estado ligadas históricamente a la voluntad y a la figura del Presidente.

Hay otro antecedente que resulta clave para entender por qué los volúmenes transferidos pueden diferir tanto entre un período y otro: la Ley de Presupuestos permite al gobierno excederse en los montos, incluso, sin necesidad de Decretos, sancionándose posteriormente los excesos.

Es así como el 2 de febrero de 2010, el Gobierno publicó una transferencia de $1.000 millones para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil, cifra que es equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2.320 millones.

Otras fuentes

Así como la Presidencia tiene atribuciones para destinar dineros a la sociedad civil a través de la Subsecretaría de Hacienda, los ministerios pueden hacerlo directamente. La Subsecretaría de Interior, por ejemplo, administra dineros que le permiten financiar actividades y proyectos presentados por juntas de vecinos, organizaciones evangélicas, feministas, indígenas y de adultos mayores, entre otras. La Subsecretaría del Trabajo, en tanto, dispone del Fondo de Diálogo Social, mecanismo que le permite apoyar actividades sindicales y fomentar la negociación colectiva.

Con cargo a estos fondos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recibió $221 millones en cuatro años destinados a fomentar la sindicalización. Mientras, la Fundación Justicia y Democracia que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin captó $188 millones. En este último caso, gran parte de esos recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.

Fondos acotados

La Subsecretaría de Interior administra el Fondo Social que, por estos días, es acuciosamente revisado por la administración entrante.

Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, Interior transfirió más de $1.500 millones con cargo a este fondo -de un total anual de $4.600 millones-, mientras que en el mismo lapso de 2009, giró sólo $109 millones.

Según el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, este aumento se debe a una definición previa, que apuntaba a concentrar los traspasos en los primeros meses del año para que las organizaciones beneficiarias alcanzaran a ejecutar sus proyectos dentro del correspondiente año. A la vez, desvirtuó la tesis de que este acelerado traspaso de fondos responda a un intento del gobierno saliente por garantizar el funcionamiento de las entidades afines.

Como contraparte, el actual subsecretario, Rodrigo Ubilla, cuestiona que en poco más de dos meses se haya ejecutado el 25% de todo el Fondo Social de 2010. Pero más importante que eso -dice- es que la mayoría de los proyectos están sin rendición de gastos: "No es normal el volumen de transferencias. Estamos revisando los parámetros con que se aprobaron los proyectos y la concentración en algunas comunidades".

$17 mil millones sin rendición de gastos ha identificado la administración entrante. Corresponden a proyectos financiados a través del Fondo Social del Ministerio del Interior.

El caso del Ceduc y las platas de la Democracia Cristiana

Los gobiernos de turno tienen espacio para excederse en materia de giros hacia el sector privado. Sin embargo, hay episodios recientes que sirven para cuestionar, al menos, la efectividad de los mecanismos de control. Uno de los casos más recordados ocurrió entre 2001 y 2002, cuando a través de la Fundación Ceduc se habrían desviado recursos a la campaña parlamentaria de María Rozas (DC).

En 2003 emanó un primer informe de la Contraloría sobre el uso y destino de los fondos transferidos por las subsecretarías del Interior, dirigida entonces por Jorge Correa Sutil, y del Trabajo, a cargo de Yerko Ljubetic, ambos de la DC. Durante ese período se transfirieron $298 millones para desarrollar proyectos destinados a absorber la cesantía con cargo al Fondo Social que administraba Interior. En su informe, la Contraloría hizo ver que los recursos no se destinaron a su fin original, sino a pagar trabajos de imprenta realizados por empresas de varios militantes del partido.

ONGs postulan sin contraprestación

Es efectivo que los Gobiernos están facultados para donar dineros a organizaciones afines sin que haya una contraprestación de por medio, como podría ser una consultoría o un trabajo académico que tenga alguna utilidad pública. El único requisito para hacerse acreedor de estos fondos es estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.

Sin embargo, una de las obligaciones que sí deben cumplir los beneficiarios es rendir los gastos. De hecho, en la página web donde se publican los proyectos financiados existe un apartado para detallar la rendición de las platas. Sin embargo, fuentes de Interior que están dedicadas a revisar la gestión de estos recursos aseguraron a "El Mercurio" que, en estos 22 días de trabajo, ya han identificado proyectos equivalentes a $17 mil millones sin rendición de gastos. La mayoría de ellos corresponde a iniciativas que ya se efectuaron con cargo al Fondo Social de la Subsecretaría y un porcentaje menor a trabajos que, supuestamente, todavía están en ejecución.

Fuente: Pablo Obregón C., Emol.com 4 abril 2010

En un interesante articulo de la elogiable e incisiva periodista Pamela Aravena, de El Mercurio, publicado el 21 de marzo, podemos obtener con mayor detalle los nombres de las instituciones millonariamente beneficiadas con los dineros de todos los chilenos:

" Un panorama similar se descubrió con el ítem "Subvenciones" del Tesoro Público. Según la Ley de Presupuestos 2010, están aprobados $2.593 millones para subvencionar a personas jurídicas del sector privado sin fines de lucro.

Después de los primeros exámenes, en La Moneda constataron que desde el 15 de enero y hasta el 4 de marzo el gobierno anterior emitió decretos, mediante los cuales no sólo distribuyó la partida completa, sino que además se sobrepasó en $553 millones.

Entre los beneficiados figuran:

-$1.300 millones como aporte complementario aprobado a fines de enero a "Un techo para Chile"

-$1.000 millones de aporte para la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil.

-$146 millones para una proyecto jurídico-psicológico del Fasic.

-$120 millones a la Fundación Pablo Neruda.

-$100 millones para programas de capacitación de Infocap.

El último de los oficios fue enviado el 10 de marzo, con un aporte a los gastos corrientes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por $39 millones, cuyo decreto está aún en tramitación."